En estas directrices llama la atención, sobre todo, tanto las menciones relativas a monedas virtuales y criptoactivos como algunas omisiones en este ámbito.
El Plan reconoce que en el año 2021 se ha incrementado la inversión de este tipo de activos, con los riesgos fiscales que estas operaciones conllevan. Es por ello que el órgano directivo mantiene en el año 2022 las actuaciones para facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias derivadas de aquellas, así como su adecuado control.
Asimismo, se producirá un desarrollo normativo y elaborará modelos de declaración para dar cumplimiento a las obligaciones de información de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. La primera obligación de información sobre estos activos virtuales estará disponible en 2023 respecto del ejercicio 2022.
Por tanto, el Gobierno decide adelantarse a cualquier tipo de normativa similar a nivel europeo. Tiene el riesgo de regular las obligaciones de información de unos activos sobre los que aún no existe una regulación o definición jurídica positiva en nuestra normativa interna. Con el objetivo de perfilar estas obligaciones de información, sería aconsejable elaborar de una manera clara una definición jurídica de estos criptoactivos.
En adición, el Plan establece que la Agencia Tributaria continuará con las tareas de obtención de información para sistematizar y analizar la obtenida sobre su correcta tributación y procedencia de los fondos utilizados para su adquisición.
Se potenciarán las herramientas informáticas necesarias para facilitar las actuaciones de control de las transacciones con “monedas virtuales” y se fortalecerá la cooperación internacional.
Destaca de este Plan que solo se menciona a las “monedas virtuales” y no a otros activos digitales con una gran cuota de mercado en los últimos años.
0 comentarios
¿Dudas? Consúltanos
Elena del Castillo
Deja un comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *