A primeros de enero de 2026 entró en vigor un nuevo régimen de obligaciones de información tributaria que afectará de manera directa al uso de medios de pago electrónicos, en especial a los sistemas de transferencia instantánea vinculados a teléfonos móviles, como Bizum.
La nueva normativa impone a las entidades financieras la obligación de comunicar mensualmente a la AEAT la facturación acumulada de empresarios y profesionales autónomos obtenida mediante tarjetas de pago y aplicaciones de pago inmediato, sin que se establezca un importe mínimo a partir del cual nazca dicha obligación.
La información a remitir incluirá, entre otros datos, la identificación del titular de la actividad económica, el volumen mensual de ingresos, el identificador del comercio y las cuentas o instrumentos utilizados para el cobro.
Desde el punto de vista del diseño normativo, el traslado de esta obligación a las entidades financieras pretende reforzar la eficacia del control tributario sin incrementar directamente las cargas formales de los contribuyentes, una cuestión especialmente relevante en términos de seguridad jurídica y simplificación administrativa.
Por otra parte, la AEAT ha señalado que ha trabajado de forma coordinada con el sector bancario para garantizar una implementación homogénea en todas las entidades de este nuevo sistema de control.
Las claves de la nueva regulación
Junto a estas medidas, la normativa introduce una nueva obligación anual de información sobre las tarjetas de pago cuyo volumen de operaciones supere los 25.000 euros, aplicable tanto a profesionales como a particulares.
En estos casos deberá informarse del total anual de abonos, cargos, recargas, retiradas de efectivo y pagos en establecimientos. La fijación de este umbral cuantitativo pretende ofrecer un criterio objetivo que limite el alcance del control a operaciones con relevancia económica suficiente, contribuyendo a una mayor previsibilidad del sistema.
Cabe decir que la AEAT justifica esta reforma como una adaptación necesaria del marco tributario a un entorno financiero cada vez más digitalizado.
El desafío, no obstante, residirá en que su aplicación práctica logre un equilibrio adecuado entre la eficacia en la lucha contra el fraude y el respeto a los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y capacidad económica que deben presidir la actuación de la Administración tributaria.
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Elena del Castillo
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