El 86% de los 12.000 contribuyentes del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas reside en Madrid.
Más allá de su capacidad recaudatoria, los impuestos patrimoniales siempre han sido útiles para mapear la riqueza de un territorio. En este contexto, el nuevo Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que ha recaudado 623 millones de euros, nos proporciona un mapa de las mayores fortunas del país.
Este impuesto se aplica a fortunas de más de tres millones de euros, con un mínimo exento de 700.000 euros para residentes y la posibilidad de deducir 300.000 euros del valor de la vivienda habitual, lo que aumenta el umbral para muchos a 4 millones. Solo 12.010 contribuyentes, el 0,1% del total, han declarado este impuesto, de los cuales el 86% vive en Madrid; 7,2% en Andalucía; 2,85% son no residentes o vecinos de Ceuta y Melilla; 2,68% en Cataluña; y 0,76% en Galicia. Otras regiones tienen menos de 20 grandes fortunas, con un mínimo de 3 en La Rioja o Canarias y 17 en Valencia.
Es importante destacar que la riqueza vinculada a empresas familiares está exenta de Patrimonio y de este nuevo impuesto, por lo que no se refleja en estos números.
Grandes Fortunas en España: mapa de la riqueza en 2022
Propietarios de inmuebles, cash y criptomonedas
Los modelos de declaración del impuesto, proporcionan una idea de los contribuyentes a los que principalmente afecta el impuesto: aquellos con grandes activos inmobiliarios y liquidez financiera. También es necesario proporcionar información sobre los depósitos en cuentas corrientes o de ahorro, la tenencia de deuda pública, bonos, obligaciones, certificados de depósito o pagarés.
Hacienda requiere detalles específicos sobre acciones y participaciones, fondos de inversión y patrimonio, así como títulos no negociados. Además, el Ministerio solicita información sobre seguros de vida, rentas temporales y vitalicias; bienes como vehículos, joyas, pieles de lujo, embarcaciones y aeronaves; objetos de arte y antigüedades; y propiedad intelectual. Por supuesto, la Administración tributaria también exige detalles sobre los saldos en criptomonedas.
A partir de esta información, el Ministerio de Hacienda ha obtenido los resultados de su más reciente creación tributaria: el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas recaudó un total de 623,6 millones de euros de los 12.010 principales patrimonios de España en 2022. Los ingresos provienen principalmente de Madrid, Andalucía y Galicia.
La cantidad recaudada por el nuevo impuesto representa solo el 40% de los 1.500 millones originalmente estimados por Hacienda, después de restar las sumas efectivamente pagadas por Patrimonio en las regiones que lo aplican. En el caso de este nuevo tributo, que afecta al 0,1% de los contribuyentes, los 12.010 con patrimonios superiores a tres millones de euros tuvieron una cuota media de 52.000 euros.
Los principales afectados, como estaba previsto desde el diseño del tributo, han sido los contribuyentes de aquellas comunidades autónomas que bonifican el pago del Impuesto sobre el Patrimonio, como es el caso de Madrid, que fue pionera en condonarlo bonificarlo al 100%; Andalucía, que siguió sus pasos el año pasado; o Galicia, que lo hace al 50%.
De hecho, el 89% de todos los ingresos del nuevo impuesto, un total de 555 millones, provienen de la Comunidad de Madrid, el epicentro empresarial del país que, en parte debido a su política fiscal atractiva, ha concentrado al 85% de los contribuyentes de este nuevo tributo, un total de 10.302 personas.
El nuevo impuesto solidario a las grandes fortunas se aplica a patrimonios superiores a tres millones de euros, con un descuento de 700.000 euros para los residentes y una reducción de hasta 300.000 euros por el valor de la vivienda habitual. En la práctica, esto significa que terminan pagando este impuesto las fortunas con más de cuatro millones que no han tributado previamente por el Impuesto sobre el Patrimonio.
Este impuesto fue creado como una enmienda a los impuestos a la banca y las petroleras, y su objetivo es financiar parte de las medidas anticrisis del Gobierno. Estará en vigor durante
dos años, y posteriormente se evaluará su continuidad. Ha sido objeto de recurso por parte de regiones como Madrid, que recientemente inició una segunda vía judicial en su contra.
Deja tu comentario